México:
Es cierto que el desarrollo digital en muchos sectores de la economía comenzó mucho antes de la pandemia por el coronavirus, la realidad es que ese suceso aceleró aún más la innovación y la expansión de ciertos comercios. Está claro que hoy en día muchos de los objetivos que tienen distintos sectores pasan directamente por lo digital y por la posibilidad de escalar de forma constante.
Nuestro país y los ciberataques: cifras importantes para analizar
Según informes de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI), México en la actualidad es el país que es mayor blanco de ataques por parte de ciberdelincuentes. Si se analizan los primeros seis meses del corriente año, se puede visualizar que aunque parezca un número realmente increíble, se registraron no menos de 85 mil millones acciones de ataques a distintos sistemas, muchos de los cuales tuvieron éxitos, pero la gran mayoría no, para suerte de muchos.
Por ello los datos que va en constante crecimiento son aquellos servicios que están relacionados a prestar seguridad a los gobiernos, empresas, y muchas otras organizaciones. De hecho, se espera que los ingresos de las empresas que brindan protección digital crezcan en un 35% hasta el año 2025 a nivel mundial, pero en el caso de empresas que actúan en América Latina, podrían elevarse hasta un 66% inclusive.
La ciberseguridad: desafío mundial
Informes muestran que una de las principales preocupaciones de distintas organizaciones que trabajan en decenas de países es lo que atine a la ciberseguridad, y puntualmente el 80% de ellas tienen esa visión, debido a que creen que sus negocios pueden padecer diversos riesgos. Pero otro dato que sorprende aún más es que el 40% de esas organizaciones admite en algún momento haber sufrido algún tipo de ciberataque.
Es cierto que quienes se dedican a perpetrar estos ataques con fines económicos (cobrar recompensa por la liberación de los datos sustraídos), prefieren actuar contra pequeñas y medianas empresas (el 79% de los ataques son contra ellas), toda vez que son las que tienen menor cantidad de recursos para poder afrontar el pago de medidas de seguridad informáticas.
