En un nuevo capítulo del desarrollo del Tren Maya, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado la expropiación de 90 inmuebles privados ubicados en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Estos inmuebles, con una extensión total que supera los 750 mil metros cuadrados, serán destinados para avanzar en las obras de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 de esta monumental obra de infraestructura.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será la encargada de administrar estos inmuebles, en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a través de la empresa Fonatur Tren Maya. Ambas entidades deberán autorizar el monto correspondiente a la indemnización para los propietarios afectados por las expropiaciones.
En el estado de Chiapas, la expropiación abarcará más de 2 mil 400 metros cuadrados en playas del municipio de Palenque, específicamente en Catazajá, correspondientes al Tramo 1. Asimismo, se llevarán a cabo expropiaciones en los municipios de Tenosique y Balancán, en Tabasco, también en el contexto del Tramo 1 del Tren Maya.
Según el documento publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, 16 inmuebles serán expropiados en el estado de Campeche, abarcando los municipios de Dzitbalché, la capital del estado, y Escárcega, destinados a los tramos 2 y 3.
Yucatán, por su parte, experimenta la expropiación más extensa, con bienes inmuebles que superan los 23 mil 724 metros cuadrados en uno de los procedimientos. Los municipios afectados incluyen Maxcanú, Chocholá, Umán, Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchén e Izamal, sumando un total de 46 bienes inmuebles. En Quintana Roo, se decretó la expropiación de seis inmuebles, abarcando una superficie de más de 60 mil metros cuadrados.
En una medida relacionada, se registra la expropiación de cuatro inmuebles en el estado de Campeche, esta vez destinados al tramo 7, y específicamente en el municipio de Escárcega.
El documento en el Diario Oficial de la Federación establece que la expropiación abarca una superficie de 750 mil 734 metros cuadrados en inmuebles privados. La devolución a sus propietarios solo será posible en caso de que la superficie no se destine total o parcialmente al propósito para el cual se lleva a cabo esta medida.
